José Peña Santana.-
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es un órgano superior de control externo de los recursos públicos, clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los mismos, conforme lo establece la Constitución y la Ley No. 10-04, que la rige; esta institución tiene la función de auditar las instituciones del Estado y asegurar que los resultados de sus investigaciones sirvan como base para la acción pública en caso de detectarse irregularidades. Sin embargo, su composición y desempeño han sido históricamente objeto de cuestionamientos, particularmente en lo que respecta a la independencia y competencia de sus miembros.
El proceso de selección se supone un ejercicio técnico, no obstante, resulta siempre o casi siempre político, ya que, en teoría, los integrantes de la Cámara de Cuentas deben ser escogidos en base a su idoneidad profesional, méritos éticos y capacidad técnica para desempeñar un rol tan delicado como el de auditar las finanzas del Estado. Pero, en la práctica, el proceso de selección ha sido percibido como politizado, donde la independencia de los candidatos es puesta en duda.
El procedimiento involucra la evaluación de postulantes por una comisión de la Cámara de Diputados, la preselección de candidatos y la posterior designación final por parte del Senado. Este modelo debería garantizar un equilibrio institucional y una depuración rigurosa. Aunque, los antecedentes demuestran que, en muchos casos, el factor político ha prevalecido, priorizando afinidades partidarias sobre competencias técnicas.
Cuando los miembros de la Cámara de Cuentas actúan bajo influencias políticas, las auditorías pierden su objetividad, y los informes, en lugar de reflejar la realidad, son utilizados como herramientas de persecución o protección según convenga a los intereses del grupo en el poder. Esto no solo viola la Ley No. 10-04 y el mandato constitucional, sino que también atenta contra la ética, la moral y el Código Penal Dominicano, que penaliza la corrupción y la falta de transparencia.
El resultado de esta politización es una debilitada cultura de rendición de cuentas, donde los funcionarios públicos se sienten protegidos para incurrir en irregularidades sin temor a consecuencias reales. Esto, a su vez, desincentiva la inversión y perpetúa la desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales. La selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas representa una oportunidad para corregir errores del pasado y fortalecer esta institución esencial para el desarrollo del país. El Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad y visión de futuro, entendiendo que la transparencia no solo es un deber ético, sino también un factor clave para el progreso social y económico.
El perfil de los nuevos miembros debe ser el de profesionales con trayectoria intachable, conocimiento técnico en auditoría, finanzas y derecho, y un compromiso probado con la transparencia.