La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al destacar que la propuesta es un esfuerzo por modernizar el marco normativo del país y alinear la legislación a los desafíos del siglo XXI.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, al enviar una comunicación a la presidenta de la Comisión Especial del Senado, Aracelis Villanueva, resaltó que el proyecto es «coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos,» y celebra su enfoque integral y garantista.
Sostuvo que uno de los puntos clave del análisis de FINJUS es el abordaje de las plataformas digitales (como X, Instagram y Facebook). Además, valora la introducción de un marco regulatorio que, según ellos, no busca censurar, sino establecer reglas claras para proteger derechos fundamentales de los usuarios y prevenir abusos y campañas de desinformación.
“Establecer mecanismos de transparencia y debido proceso (Art. 20, 21), obligando a las plataformas a notificar cambios en sus políticas en español y ofrecer vías de defensa y recursos a los usuarios”, enfatizó.
FINJUS subrayó que la intención es «dotar de protección y garantía a los usuarios para evitar posibles abusos» en el entorno digital.
Un cambio de paradigma
FINJUS consideró la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) que sustituirá a la obsoleta Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), como uno de los aportes más relevantes.
«Esto representa una apuesta por la renovación del marco regulador, dotándolo de una estructura más moderna, técnica y acorde con los desafíos actuales», resaltó.
El INACOM, una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Cultura, está diseñado para supervisar no solo a medios tradicionales, sino también a plataformas digitales, migrando de un modelo de «control» a uno de «garantía» y cumplimiento normativo.
Garantías y límite al Poder Judicial
Finalmente, la Fundación destaca el robusto marco de garantías judiciales del proyecto.
Un aspecto central es la figura de la desindexación digital (retiro de contenidos de buscadores), la cual solo podrá proceder exclusivamente mediante orden judicial (Art. 23). Esto, según FINJUS, es una garantía esencial para evitar la censura discrecional.
FINJUS concluye que el proyecto es un «paso significativo» que alinea la legislación dominicana a los estándares internacionales, promoviendo una libertad de expresión ejercida con responsabilidad.